La necesidad de los TPO en la etapa post-COVID
La industria del fútbol se encuentra atravesando una situación única y sin precedentes, originada por la pandemia del COVID-19 que, además de las consecuencias sanitarias, trae aparejado innumerables problemas económicos. No hay duda que el fútbol profesional está sufriendo una merma de ingresos que a principios de 2020 era insospechada. Entre la temporada pasada y la actual se situó en unos 4.000 millones de euros, lo que supone una caída del negocio en torno al 11%. En consecuencia, basta con mirar el escaso número de operaciones realizadas en el presente mercado de fichajes para señalar que las estrategias han cambiado respecto a otros años en los que los grandes clubes salían al mercado en busca de grandes estrellas.
Ante el contexto en el que nos encontramos, los clubes de fútbol se asoman a un escenario lleno de dificultades económicas y problemas financieros. La prohibición de publicidad de casas de apuestas, la disminución de ingresos de las televisiones y la ausencia de ingresos por abonos y taquillas, son algunas algunas de las causas más notorias que están padeciendo los clubes españoles. Dada la situación en la que se encuentran, se ha abierto el debate sobre la prohibición impuesta por FIFA y si no sería la excusa perfecta para la regularización de los TPO (Third Party Owners) / TPI (Third Party Investors), siendo estos la solución a la actual crisis.
Esta forma de negocio consiste, a grosso modo, en que el club, ante la falta de financiación tradicional, acude a un tercero (empresa, fondo o particular) para acometer una transacción (lo lógico, el fichaje de un jugador), que le presta ese dinero y que, en contraprestación, adquiere la propiedad de un porcentaje de los derechos económicos sobre el jugador, que es el importe que percibe el club por la transferencia del mismo. En este sentido, por parte de FIFA, UEFA y FIFPro, son de sobra conocidos los motivos para su prohibición. En primer lugar, la esclavitud del jugador/trabajador para decidir sobre su futuro profesional y entre otras, la influencia de manera decisiva en la integridad del juego limpio. Por último, inquieta también el desconocimiento o dudoso origen del capital de estos fondos, que, quizás de una forma más acusada que en otras industrias, pocas veces está relacionado con el mercado donde opera.
Sin embargo, LaLiga y ECA muestran una postura distinta, siendo partidarios de la regulación. Argumentan que no todos los clubes tienen la misma capacidad financiera y, por lo tanto, podrían llegar a equilibrar la balanza a través de estos instrumentos.
Actualmente, mediante su regulación señalada en los artículos 18bis y 18ter del RETJ (Reglamento sobre el Estatuto y Transferencias de Jugadores), FIFA decidió excluir las inversiones que durante los últimos años habían sido una gran fuente de financiación para los clubes. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta decisión ha sido totalmente ineficaz, produciendo otro tipo de acciones al amparo de la ley como los “bridge clubs” o “bridge transfers”. A través de estos actos, el inversor se separa de la etiqueta de tercero y esquiva la prohibición. En lugar de adquirir derechos económicos, llevan a cabo la compra de clubes para, de esta forma, incluir a sus jugadores en sus plantillas y obtener beneficios de las operaciones.
En la medida en la que estas estructuras aumentan, la realidad es que la normativa no está cumpliendo con los objetivos perseguidos mientras la desigualdad de pesos entre los diferentes niveles de Clubes aumenta.
Desde mi punto de vista, una buena regulación de los TPOs sería la solución para atajar los abusos ocasionados en años anteriores. LaLiga ya señaló que se deben establecer unos límites para asegurar un control eficaz. La limitación en el porcentaje o en el número de jugadores que un club puede contratar con derechos económicos propiedad de terceras partes son tan sólo algunos ejemplos. Por otra parte, Emilio García Silvero, Chief Legal Officer de FIFA, mencionó en la entrevista con los alumnos de Sports Law Institute la posibilidad de levantar la prohibición.
En conclusión, debemos ser conscientes que la industria del fútbol requiere una regulación acorde a su magnitud, realidad y necesidades jurídico-técnicas y económicas presentes.
Matías Lizarazu
Alumno del Máster Internacional en Derecho del Fútbol
